El caso del feminicidio de Perla, una joven odontóloga de San Juan del Río, ha dado un giro que ha indignado a su familia y a colectivos feministas: el presunto responsable, Karol N., obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, concedido por el Juzgado Primero de Distrito en materia penal de Querétaro.
En rueda de prensa, activistas de la asociación civil ADAX Digitales informaron que la familia de Perla fue notificada como tercera interesada hace poco más de una semana sobre la suspensión definitiva otorgada al imputado bajo el expediente 149/2025. Como parte del procedimiento, el acusado tuvo que presentar una garantía económica de 10 mil pesos.
“Es impresentable que un feminicida posea la protección de la justicia federal mientras la familia de Perla no tiene acceso a la justicia”, denunció Mayra Dávila Alvarado, vocera de ADAX Digitales y FEMCA, organizaciones que han acompañado a la familia en su lucha.
El hecho ha generado una profunda frustración para los allegados de la víctima. Briseida Martínez Zúñiga, hermana de Perla, exigió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro que actúe con celeridad y compromiso. “Fue asesinada, es un feminicidio”, declaró tajante. “Desde entonces nuestra familia ha pasado por un infierno que no debería vivir nadie, pero además del dolor de perder a Perla, hemos tenido que cargar con la frustración de ver cómo las autoridades han hecho su trabajo con lentitud, que duele tanto como el crimen mismo”.
La familia recordó que, en un principio, decidió confiar en el sistema judicial y permitir que las autoridades hicieran su trabajo sin presiones mediáticas. Sin embargo, a casi dos meses del crimen ocurrido el pasado 10 de febrero, se vieron obligados a alzar la voz públicamente ante la falta de avances significativos.
Mientras la Fiscalía de Querétaro sostiene que continúa con “todas las diligencias posibles”, la realidad para la familia de Perla es que el presunto feminicida permanece libre, ahora con el respaldo de un amparo federal. Esta situación, aseguran, evidencia una alarmante desconexión entre el discurso oficial y la impartición efectiva de justicia.
